¡Si señor! El mismo Personero, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, el que se encuentra investigado por la Procuraduría General de la Nación por la presunta omisión de sus funciones toda vez que no le ha dado tramite a las denuncias y quejas ciudadanas en contra de la administración de Rodolfo Hernández, hoy desenmascara su verdadera faceta al exonerar en segunda instancia al Exdirector de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas Rondón, quien ya había sido sancionado por la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa ante la calificación de FALTA GRAVE a titulo de CULPA GRAVE por la extralimitación de sus funciones.

De un solo plumazo el Personero de Bucaramanga desvaneció la investigación minuciosa que había desarrollado la abogada especializada Mónica Jaimes Rodríguez, encargada por su propia institución, quien en el transcurso de dos años y garantizando el principio de la justicia que se imprime en el debido proceso; falló en primera instancia declarar probado y no desvirtuado el cargo imputado a Miller Salas Rondón por usurpar las funciones de regulación que le competen únicamente al Congreso de la República, el Ministerio de Trasporte, los Gobernadores y los Alcaldes, al crear señales de tránsito (nuevas) que no están incluidas en el Manual de Señalización Vial y dictar su implementación y demarcación definitiva mediante acto administrativo (Resolución 714 de 2016) ocasionando la confusión de los actores de la movilidad, aumentando por consiguiente los índices de la accidentalidad.

No bastó para el doctor Ochoa Maldonado que su comisionada se hubiese justificado en un número pasmoso de pruebas aportadas en el proceso que le otorgan la razón; tampoco que su fallo se estructurara en un concepto propio de la autoridad máxima del país, léase Ministerio del Transporte, donde se específica que “el Manual de Señalización vial adoptado por la Resolución 1885 de 2005, no contempló el tipo de señalización vial, relacionado con la delimitación de bahías exclusivas para las motocicletas al final de las vías y justo antes de la intersección semafórica” dejando sin discusión la ilegalidad de las mismas señales y la actuación irregular del Exdirector. ¡No! no bastó. Para el Personero de Bucaramanga fue justificación que la Ley 769 del 2002 enunciara en su Artículo 119. JURIDICCIÓN Y FACULTADES que “Solo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos”. Esa interpretación leguleya del encargado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional fue utilizada como razón para absolver de toda culpa al Exdirector. Increíble.

Consultados, no uno, ni dos, sino tres altos funcionarios de la misma Personería quienes solicitaron la reserva de sus identidades, se pudo establecer que el malestar dentro de la misma autoridad disciplinaria es general; todos coincidieron en concluir que la interpretación que le da su jefe a los argumentos de la defensa se salen de cualquier contexto jurídico puesto que el Director de Tránsito aunque tiene la facultad de demarcar las vías según la conveniencia de sus estudios y en procura de disminuir los siniestros de tránsito, NO PUEDE HACERLO POR FUERA DE LAS SEÑALES REGLAMENTADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL VIAL so pena de causar una falta grave al usurpar las funciones de los legisladores quienes son los que construyen y reglamentan las leyes; además, la implementación y demarcación definitiva de estas zonas si contraría las normas de tránsito e incrementa el zigzagueo de los motociclistas quienes invaden los carriles al creerse con el derecho de llegar hasta la bahía aumentando considerablemente las posibilidades de los siniestros.

Hechos como este ya son comunes en la Personería de Bucaramanga, las denuncias sobre la posesión de funcionarios sin requisitos, las resoluciones administrativas inconvenientes para la ciudad que se saltan el marco normativo pero que se excusan en los calificativos de “pilotos” y las entidades descentralizadas que están en causal de disolución por decisiones financieras decadentes, entre muchas otras, son las quejas que los ciudadanos y veedores hacen llegar a diario hasta al encargado de la vigilancia disciplinaria pero que una vez allí, misteriosamente se estancan o diluyen como fue el caso descrito anteriormente. Esperamos que la Procuraduría en ejercicio de sus responsabilidades logre desenmarañar las causas que producen los olores nauseabundos que se emanan desde la Personería Municipal y que el Personero recapacite antes que sea demasiado tarde, no sea que lo embista el tren de la justicia tal cual acontece con el Alcalde suspendido.

 

Fernando Martínez Arenas – Bucaramanga ciudad bonita.